Muertes: el pasivo de García

"Las deudas viejas no se pagan y las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer" era la sentencia y, no menos firme convicción, del, tal vez, broadcaster más representativo de la fauna televisiva peruana: Genaro Delgado Parker. De esa televisión que, de un tiempo a esta parte, no propone temas sino se estanca en la magalización de la noticia: los dimes y diretes. En fin, sin temas que sean relevantes para una sociedad como la nuestra que, realmente, la necesita y de manera urgente. No es que la propuesta pase por ser solo una televisión educativa; en todo caso, la función educacional es tarea del gobierno, pero eso no exenta a los medios de proponer algunos temas de fondo, por más heridas que se abran o, por más, no políticamente correctos que sean.

A pesar de que esto puede formar parte de un discurso moralizador, se tiene que insistir en el tema para no quedarse en una crítica, como algunos señalan, adrede, sin soluciones y- ahora muy de moda- "financiada por Chávez" !Por Dios!

Con la vorágine informativa en torno al deceso de la cantante foclórica, los temas politiqueros han pasado a un plano desenfocado. Otra vez, entra en polémica la noción de noticia como interesante o importante. El crimen pasional de la cantante genera más controversia, tanto así que hasta el decano de la prensa le va dedicando portadas e informes enteros. Pero, con todo esto, se archivó el file de Bagua y, con ello, el conteo de los muertos aún por investigar. La sangre llegó al río y no trajo piedras.

"Las muertes viejas (ayer: Lurigancho y El Frontón) no se pagan y la muertes nuevas (hoy: Bagua) hay que dejarlas envejecer" sería la consigna de este gobierno que, aprovechando la distracción de las mayorías, se da tiempo para armar teorías conspirativas en las protestas sociales en el interior del país.Así,el oficialismo desprestigia a los movimientos y organizaciones sociales que tratan de hacer escuchar su voz y no obtienen respuesta alguna de la capital del perro del hortelano. Maritza Espinoza dijo al respecto en su columna:

"La directiva del Ministerio del Interior habría sido tajante: la prioridad absoluta de la Policía Nacional era detener, a como dé lugar, al ciudadano Pedro Mamanchura, considerado pieza clave en el asesinato de Alicia Delgado. Sólo faltaba el úcase “Vivo o muerto”. ¿Por qué de pronto tanta diligencia en un caso que, si bien tenía ribetes escandalosos, no comprometía la gobernabilidad ni la seguridad nacional?

Sin duda, no era casualidad que, al día siguiente (ayer), la ministra del Interior, junto al premier Yehude Simon, estaría en riesgo de ser censurada por el Parlamento. Nada como la oportuna captura del sujeto de marras para garantizar que, fuera cual fuera el resultado de la votación, los medios no dieran demasiada cobertura al incómodo tema político."

En el Pleno del Congreso, ayer, por una cuestión meramente burocrática y técnica, no se logró la mayoría para aprobar la moción de censura contra Yehude Simon y Meche Cabanillas. En fin nadie se hizo responsable. No me vengan con eso de la ya asumida responsabilidad política. Ahora, los ministros, sentados y muy cómodos, estarán en sus mullidos sillones ministeriales leyendo sobre el caso Abencia, mientras más conflictos se desatan en el país; mientras el país entra a una peligrosa polarización; y mientras que la investigación de lo sucedido el cinco de junio es encubierta por sangre compatriota: esa horrible leguleyada abogadil de la prescripción.

Los benditos 1064 y 1090 se anulan

Se hizo la luz. Con la solitaria oposición de la bancada de Unidad Nacional, el Pleno del Congreso de la República aprobó la derogatoria de los decretos 1064 y 1090. Los mismos que habían originado la protesta de parte de los ciudadanos nativos y compatriotas, hace más de 3 meses cuando les tocaron la puerta al Gobierno Central y nadie les atendió. La pregunta es: ¿se cierra una era o, por el contrario, el anuncio de otra?¿ El perro del hortelano seguirá ladrando, seguirá subestimando a los ciudadanos de a pie? ¿Significará un viraje en la política de gobierno?

Esperemos que sí. Nadie lo puede dilucidar aún. El porvenir resulta nebuloso todavía, pues los contratos petroleros aún siguen en pie y vaya que por montones. En días donde la crisis económica mundial todavía no ha llegado a su punto más bajo, el presidente García mantiene las esperanzas de aferrarse a un modelo económico que ha sido calificada por el mismo Obama como fracaso (Sí, De Althaus, acéptalo aunque te cueste).

Si bien García hizo una suerte de mea culpa (aún desliza la hipotesis de estar azuzados por una fuerza política extranjera), todavía quedan muchos factores por resolver. Temas como la integración, la concertación y crecimiento económico sin exclusión deben estar en la agenda gubernamental. Los petroaudios y el conflicto sucedido en Bagua tienen el común denominador de haber sido producto de unas negociaciones donde la inversión privada y ese neoliberalismo a ultranza han sido los viles cómplices.

Lo que suceda, de aquí en adelante, es tarea de esa concertación pendiente. Quedan conflictos por resolver y ya la Defensoría del Pueblo le había puesto luz ámbar, a principios de año. La democracia es siempre perfectible, afirma Vargas Llosa. Desde ese punto de vista, la constante amenaza de una dictadura ve reducida sus esperanzas- menos mal- tras este acuerdo político.

Las muertes ocurridas, producto de la promulgación de los decretos finalmente y de hacer oídos sordos a compatriotas afectados, serán el pasivo de este gobierno. Tendrán que cargar esa cruz hasta el fin de sus días. Por ello, resulta esencial concertar antes que olvidar, un buen slogan para el gobierno de aquí hasta el término de su período.

La arrogancia en su hora cero: se derogarán los decretos 1064 y 1090

Las muertes de los policías y de los nativos, aún indeterminado, ya que no se registra una cifra no oficial, no se recuperarán. Cualquier solución, después de la atroz batalla, resulta insulsa ante las caídas de compatriotas.

Estas pequeñas líneas no hacen más que, bajo todavía el duelo por los hechos ocurridos en Bagua, expresar la muy posible derogación, en palabras del premier Yehude Simon, de los benditos decretos 1064 y 1090. De todas maneras, me imagino cómo deben estar oliendo el polvo de la derrota política los vocingleros del autoritarismo más reacio. La noticia vía Perú.21:

"El premier Yehude Simon anunció hoy, durante la reunión que tuvo con los “Apus” de las comunidades nativas en San Ramón (Junín), que el Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064 que los nativos rechazan porque los consideran perjudiciales para sus intereses, y que originaron las protestas en la selva donde murieron al menos 34 personas. "

Se oyen aleluyas en Palacio. La arrogancia parece ceder. Esperamos que sea así, en aras de la gobernabilidad y de la democracia.

El gobierno sobre Bagua: el chorreo del autoritarismo

Seguramente, hay varias acepciones y citas con respecto al concepto del poder de las que se puede enlazar con la coyuntura y con el gobierno incapaz de resolver el conflicto social de la selva y que, en muchos otros lugares del interior del país, están por eruptar. La Defensoría del Pueblo lo había advertido con anticipación. Pero como siempre el gobierno !oh todopoderoso!!oh vanaglorioso de sus índices macroeconómicos y su bendito grado de inversión! siempre tan democrático hizo oídos sordos. Fue en febrero de este año, que la titular de esta institución representativa, sino la única que nos queda por estos días, que advirtió en una entrevista a El Comercio:

"Actualmente (al 31 de enero del 2009) tenemos 211 conflictos sociales, la cifra más alta hasta ahora. De ellos, 150 son activos (71%) y 61 en estado latente (29%)...El diálogo colaborativo es el camino que debemos seguir, como única solución para los conflictos".

A lo que yo agregué en aquel post escrito por esos días: "La última frase suena a jalón de orejas para la represión actual que se tiene ante las protestas pacíficas, no para algunos que se aprovechan; sino para los pobladores que, día a día, ven cómo de sus tierras se llevan sus recursos más preciados. Ojalá que la advertencia haga eco en Palacio y, de paso, rebote en el salón de los Pasos Perdidos. Evitar la gran ola de conflictos sociales no deja de ser complejo, pero más si esperamos a que estos se produzcan y nos lamentemos por más muertes. Así que guerra avisada..."

Pero nadie le hizo caso. Más que haber prevenido una matanza, los ministros y el presidente García no hacen más que afirmarse en rezagos de un autoritarismo que, seguramente, desean convocar, mas se ven imposibilitados de hacerlo ya que se iría de las formas y de lo políticamente correcto. Es pues, en este sentido del poder, a lo que va este post.

El gobierno solo muestra apenas pequeñas gotas de su arrogancia a los que se oponen, hacia los que no comparten su discurso. Así pues, Carlos Rivera, abogado representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), fue detenido ayer por supuestamente haber falsificado documentos. El abogado defendió las causas justas de la parte civil en los casos contra Fujimori, el Frontón y militares al por mayor. No hay que ser demasiado sospechosos: el abogado defiende cuatro casos de violaciones de derechos humanos en los que está involucrado el presidente García, en su primer gobierno !Oh casualidad! La detención era por un día. Así que, a estas alturas, seguramente se encontrará nuevamente en libertad. Pero esta ha sido una señal de quién manda acá: un santo y seña de quien es la autoridad prepotente que lleva el poder. Esto es un golpe breve pero conciso.

Mientras tanto, el 'muy democrático' Luis Giampietri ha (re)iniciado una persecución contra la enésima persecución contra las ONG's. Esta vez, lo justifica porque alude que algunas de ellas han falsificado información en torno a los lamentables sucesos ocurridos en Bagua. Claro, como el solo lee La Razón o su columna de Huguito Guerra, quienes les dicen que todo está bien y que pronto tirarán bombas napalm a esos "chunchos", muy al estilo de Bedoya Ugarteche, pues qué más podemos esperar. Bah!

El poder ciega, discrimina, no reconoce, es indiferente, no ve más allá de sus propios intereses: componendas y contratos que se hacen debajo de la mesa con tanques que defiendan la firma.

Bagua: Infomación no digerida

No hay ángulo o enfoque de lo sucedido hace una semana y dos días en Bagua que no sea tratado entre la indignación y el congojo. Las informaciones como un vaivén. El kiosko nos tira portadas tan diaria y constantemente, de tal manera, que nos cansa, pasamos a otra página, so riesgo de que lo llamen indiferentes. No los culpo, nadie es autoridad para, con una varita, calificar a alguien, salvo, claro está, las sandeces de nuestros políticos y la prensa ayayera.

Sin embargo, es todo este acontecimiento una contradicción en sí mismo. Negarse a escuchar o ver información relacionada a lo de Bagua no puede resultar un lujo. De inmediato, me veo en la obligación de sumergirme en la vorágine de periódicos, reportajes, notas y artículos en torno a este desafortunado tema. Un gobierno que no ata ni desata, que no hace otra cosa más que reprimir al que piensa diferente como castigar y lanzar bombas lacrimógenas en la marcha de solidaridad en Lima, el último jueves 11, por los caídos en Bagua; o detener al abogado Carlos Rivera por presuntamente falsficación de documentos (!Oh bendita coincidencia! !Oh casualidad! Rivera fue uno de los primeros que solidarizó con los nativos fallecidos en la Amazonía); o soportar a la Cabanillas no reconocer su negligencia, al haber mandado a la policía como carne de cañón a la guerra que desató en Bagua. En fin, son incontables los hechos que nos dejan sin respiro, sin tiempo para pensar: !qué diantres está pasando!

Los hechos suceden. Con diferentes miradas, diferentes apreciaciones. Pero no asoma un certero debate sobre la problemática. La información, los medios de comunicación siguen, pues, la lógica del libre mercado: rápido, transgrediendo los límites del tiempo y el espacio, no respetando la convivencia, no dando espacios a la racionalidad. Como consecuencia, la otredad es ínfima e insulsa: Meche Aráoz persiste en la no derogatoria de los decretos. He aquí, creo yo, la personalidad política más representativa del país. Vaya diversidad.

¿Cambiarán las cosas realmente?

He decidido por cuenta propia, y sin ningún atisbo de originalidad, presentar las siglas de D.B. para simplificar los desafortunados hechos en Bagua . Para reducir, más no olvidar, los infortunios ocurridos el último viernes 5 de abril como gran pasivo de este segundo gobierno aprista.

Y es que a este gobierno de García - y no de todos los peruanos como conjunto, aclarando- lo acontecido en el Amazonas le ha costado, hasta el momento, la primera renuncia del segundo gabinete instaurado desde el destape de los Petro audios. Si bien con poca difusión mediática, la ex ministra de la Mujer, Carmen Vildoso dejó su cartera y un gesto poco más que apreciable, en medio de una maraña apristona que intenta restar las consecuencias de lo sucedido en la amazonía peruana.

Mientras que García insiste en su firme política de llamar "ciudadanos de segunda clase", "personas que no quieren el desarrollo del país", "víctimas de una injerencia extranjera - léase Chávez o Evo Morales", para variar, y demás calificativos despectivos que no hacen más que incitar a la violencia, a la no unidad como país, a ensanchar la desintegración. Es decir, todo lo que un presidente no debería hacer, al menos para mantener las 'formas', García lo rompe con una rudeza apelando a su pasado bufaloide.

Ahora, es claro que lo D.B. no se debe aislar como un suceso y borrón y cuenta nueva como bien nuestra historia suele estar acostumbrada. Aunque por las actuaciones de las autoridades todo parece indicar que sí existiría una inclinación hacia una suerte de amnesia colectiva. Me refiero a la política del gobierno neoliberal a ultranza. Los contratos petroleros y con diversas mineras extranjeras persisten, desfavoreciendo notoriamente al poblador de la zona contaminada o invadida. La no consulta hacia el ciudadano es ley en este gobierno. Bien o mal, los tratados de Libre Comercio tanto con Estados Unidos y China se firmaron así: apurando la firma, obviando detalles importantes como la propiedad. En este sentido, hay una estandarización en el tema económico y, como consecuencia, una persecución y/o desprestigio a los que ponen algún matiz de reparo con la política del gobierno.

Si bien se ha suspendido el cuestionado decreto ley 1090- para una negociación con los nativos y una posterior formulación de un nuevo decreto- el negocio, las componendas y no pocas triquiñuelas en este negocio que nuestras autoridades entienden por política, continuarán sin algún reparo.

Disculpen, al menos mi percepción me llama a sentirlo de esa manera. Hay un fondo del que aún nadie discute. El tema de preocuparse por el otro, por el no favorecido por el sistema actual no viene a partir de lo de Bagua. El mismo hecho de que algunos se crean el discurso oficial del éxito macroeconómico deja mucho que desear, cegándose pues de la cruda realidad que golpea a nuestros compatriotas desde mucho tiempo atrás. Y es que no ha habido ánimos de una reforma integral, en un gobierno que solo se ha preocupado por cumbres y más cumbres...

Pronunciamiento de Amnistía Internacional

A continuación, copio y suscribo el pronunciamiento de Amnistía Internacional por los hechos acontecidos en la amazonía peruana.

Por lo menos 79 manifestantes nativos detenidos por la policía y las fuerzas armadas. Por lo menos 169 manifestantes nativos heridos. Decenas de manifestantes de comunidades indígenas del Amazonas fueron detenidos y por lo menos 169 resultaron heridos al ser dispersados a la fuerza en la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas.

Miembros de comunidades indígenas habían iniciado protestas a mediados de abril contra una serie de decretos legislativos sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales de la selva peruana. Las comunidades indígenas no fueron consultadas referente a dicha legislación a pesar de que el Perú ha ratificado la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual obliga el gobierno a consultar los pueblos indígenas sobre cualquier legislación o decisión que afecte su interés. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo, el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona por un periodo de 60 días. El 5 de junio, después de 50 días de protestas, la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojó a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. Esta acción dejó por lo menos 9 nativos y 24 policías muertos, y por lo menos 200 heridos, incluyendo 31 policías. Se teme que las cifras de manifestantes muertos sean más altas.

Según fuentes locales, algunos manifestantes que han sido heridos no reciben la atención médica adecuada puesto que los centros de salud locales no están bien equipados. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 79 manifestantes permanecen detenidos por la policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no queda claro cómo están siendo tratados, de qué se les acusa, ni si tienen acceso a atención médica o ayuda legal.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden así como sobre casos de policías secuestrados y asesinados por miembros de comunidades indígenas. Varios líderes de organizaciones indígenas vinculados a las protestas tienen cargos en su contra por sedición y conspiración contra el orden público. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

El 6 de junio, las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango y añadieron nuevos cargos incluyendo el homicidio calificado, ataques contra las Fuerzas Armadas y uso ilegal de armas de fuego. Los cargos en su contra implican sentencias que pueden ir hasta 35 años de encarcelamiento. Aparentemente, Alberto Pizango buscó asilo en la Embajada de Nicaragua de Lima el día 8 de junio. En un discurso pronunciado el 8 de junio, el Presidente Alan García vinculó a los manifestantes indígenas con el grupo armado de oposición Sendero Luminoso y los acusó de terrorismo.

RECOMENDACIONES

Por favor, envíen llamados lo más pronto posible, en español o en su propio idioma, para:

-expresar preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos reportadas durante la operación en Bagua, Departamento de Amazonas, la cual llevó a la muerte de por lo menos nueve manifestantes indígenas y 24 policías, así como causó heridas a un mínimo de 169 manifestantes y policías ;

-instar las autoridades a asegurar que los heridos tengan acceso a atención médica;

-instar las autoridades a publicar una lista de todos los detenidos y sus lugares de detención;

-expresar preocupación con respecto al hecho que el Presidente Alan García ha vinculado a los manifestantes con el grupo de oposición armado Sendero Luminoso y acusado de terrorismo;

-instar las autoridades a acusar a los detenidos con delitos criminales claros o liberarlos sin ningún cargo, para permitirles tener acceso a un abogado, y asegurar que ningún detenido sea objeto de tortura o cualquier forma de maltrato;

-instar las autoridades a asegurar acceso a la zona a organizaciones humanitarias y de derechos humanos;

-instar las autoridades a asegurar que consulten y cooperen con buena fe con los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afectan.

Amazonía en pie de guerra

No le falta razón a Mirko Lauer en su columna de hoy, al afirmar que: " el trato burlón a figuras indígenas en la política y los medios, expresión de un pensamiento pre-reforma agraria, no es sino la señal de alerta que emite en estos días un sentimiento profundo de desprecio ancestral. Hay quienes quisieran que el Perú indígena se mantuviera como una suerte de decorado pasivo del negocio turístico, pero es evidente que esa hora ya ha pasado."

La huelga indígena-amazónico lleva más de cincuenta días y el Ejecutivo no ha hecho más que sindicar a Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, como una suerte de azuzador de multitudes que no saben donde están parados.La procuradoría del Ministerio del Interior lo ha denunciado por ser parte de un complot contra el gobierno; esto no es más que la consecuencia de una política persecutora del oficialismo con quienes no gustan de su pensamiento.

El presidente García, cuándo no en su estilo ad hoc democrático, dice que las tierras amazónicas son de todos los peruanos, y que por ello, los que rehuyen a ese discurso oficial de neoliberalismo a ultranza son los que no desean el progreso en el país. El olvido del centralismo limeño a las tierras del interior del país siempre es un tema de debate: el hecho es que no se puede imponer una ley por la fuerza, a lo bruto, sin antes concertar un diálogo.

Cómo, en este sentido, es posible que el Ejecutivo hable de la tierra de todos los peruanos, para aprovechar sus recursos y potencialidades, cuando paralelamente, decreta el Estado de emergencia en la amazonía. Pregunta que brota ingenuidad a montones, pero que no deja de cuestionar la función real del Estado. Nadie rechaza la inversión privada. Lo que les indigna a los amazónicos es el atropello hacia ellos de parte del gobierno. Por ello, las protestas y las marchas son más que válidas.

Sorprende, por otro lado, la frecuencia modulada del gobierno para concretar acuerdos con trasnacionales casi sin reparos; pero con compatriotas como los pobladores amazónicos ese 'Sabe usted con quién está hablando' -Roberto Da Matta rules- autoritarón y déspota se trasluce a una ritmo aletargado, demorando el mismo debate y derogatoria de los decretos cuestionados en el mismo Congreso de la República.

Los cuestionamientos planteados pueden sonar a menú del día anterior, teniendo en cuenta la misma política del Gobierno y, cómo no, de sus ayayeros mediáticos tipo Raúl Vargas o de Althaus. No por ello, se debe descansar en insistir en el debate, en el acuerdo, antes que el olvido.