martes, 9 de junio de 2009

Pronunciamiento de Amnistía Internacional

A continuación, copio y suscribo el pronunciamiento de Amnistía Internacional por los hechos acontecidos en la amazonía peruana.

Por lo menos 79 manifestantes nativos detenidos por la policía y las fuerzas armadas. Por lo menos 169 manifestantes nativos heridos. Decenas de manifestantes de comunidades indígenas del Amazonas fueron detenidos y por lo menos 169 resultaron heridos al ser dispersados a la fuerza en la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas.

Miembros de comunidades indígenas habían iniciado protestas a mediados de abril contra una serie de decretos legislativos sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales de la selva peruana. Las comunidades indígenas no fueron consultadas referente a dicha legislación a pesar de que el Perú ha ratificado la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual obliga el gobierno a consultar los pueblos indígenas sobre cualquier legislación o decisión que afecte su interés. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo, el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona por un periodo de 60 días. El 5 de junio, después de 50 días de protestas, la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojó a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. Esta acción dejó por lo menos 9 nativos y 24 policías muertos, y por lo menos 200 heridos, incluyendo 31 policías. Se teme que las cifras de manifestantes muertos sean más altas.

Según fuentes locales, algunos manifestantes que han sido heridos no reciben la atención médica adecuada puesto que los centros de salud locales no están bien equipados. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 79 manifestantes permanecen detenidos por la policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no queda claro cómo están siendo tratados, de qué se les acusa, ni si tienen acceso a atención médica o ayuda legal.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden así como sobre casos de policías secuestrados y asesinados por miembros de comunidades indígenas. Varios líderes de organizaciones indígenas vinculados a las protestas tienen cargos en su contra por sedición y conspiración contra el orden público. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

El 6 de junio, las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango y añadieron nuevos cargos incluyendo el homicidio calificado, ataques contra las Fuerzas Armadas y uso ilegal de armas de fuego. Los cargos en su contra implican sentencias que pueden ir hasta 35 años de encarcelamiento. Aparentemente, Alberto Pizango buscó asilo en la Embajada de Nicaragua de Lima el día 8 de junio. En un discurso pronunciado el 8 de junio, el Presidente Alan García vinculó a los manifestantes indígenas con el grupo armado de oposición Sendero Luminoso y los acusó de terrorismo.

RECOMENDACIONES

Por favor, envíen llamados lo más pronto posible, en español o en su propio idioma, para:

-expresar preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos reportadas durante la operación en Bagua, Departamento de Amazonas, la cual llevó a la muerte de por lo menos nueve manifestantes indígenas y 24 policías, así como causó heridas a un mínimo de 169 manifestantes y policías ;

-instar las autoridades a asegurar que los heridos tengan acceso a atención médica;

-instar las autoridades a publicar una lista de todos los detenidos y sus lugares de detención;

-expresar preocupación con respecto al hecho que el Presidente Alan García ha vinculado a los manifestantes con el grupo de oposición armado Sendero Luminoso y acusado de terrorismo;

-instar las autoridades a acusar a los detenidos con delitos criminales claros o liberarlos sin ningún cargo, para permitirles tener acceso a un abogado, y asegurar que ningún detenido sea objeto de tortura o cualquier forma de maltrato;

-instar las autoridades a asegurar acceso a la zona a organizaciones humanitarias y de derechos humanos;

-instar las autoridades a asegurar que consulten y cooperen con buena fe con los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afectan.

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